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25/10/2024
12:33
Contigo en la Mañana tuvo acceso exclusivo a la nueva querella presentada por la Municipalidad de Maipú, la que apunta al proyecto Fuerza de Mujer y al manejo del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.
La Municipalidad de Maipú amplió la querella y sumó nuevas acusaciones contra la ex alcaldesa Cathy Barriga, imputada por los delitos de falsificación de instrumento público y fraude al fisco.
Contigo en la Mañana de Chilevisión tuvo acceso exclusivo a la acción judicial que se divide en dos temas principales: el proyecto Fuerza de Mujer y la administración del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA).
Admitida ayer jueves 24 de octubre, la nueva querella fue presentada por los abogados José Pedro Silva y Marco Contreras Enos, abogados del municipio actualmente liderado por Tomás Vodanovic.
El primero de los hechos dice relación con la inscripción a nombre propio de la marca correspondiente al programa municipal “Fuerza de Mujer” durante su ejecución.
Según el documento, el proyecto fue presentado en una Sesión Ordinaria del Concejo Municipal celebrada el 29 de septiembre de 2017. “Buscaba, por medio de distintas iniciativas financiadas con recursos municipales, propender al desarrollo integral de las mujeres de la comuna de Maipú”, detallan.
Con 9 votos a favor y 1 en contra, la iniciativa fue aprobada. Sin embargo, dos concejales manifestaron inquietudes por un posible conflicto de interés, ya que inicialmente todo lo relacionado al nombre “Fuerza de Mujer” funcionaba en la sede distrital de Joaquín Lavín, esposo de la ex alcaldesa.
“La posibilidad de surgimiento de conflictos de interés esbozada por el concejal Donoso y advertida por el concejal Ramos permaneció latente, hasta que finalmente se hizo realidad”, indican en la querella.
El 21 de agosto de 2019, a casi dos años de la aprobación del proyecto, Barriga “suscribió personalmente un contrato de transferencia de registro de marca comercial” para inscribir el nombre ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).
De acuerdo al documento, la ex jefa comunal compró personalmente dicha marca comercial por un monto de $600.000. “Curiosamente, la marca transferida y el programa social de la Municipalidad de Maipú no sólo compartían la denominación “Fuerza de Mujer”, sino también las categoría de servicios ofrecidos bajo su nombre”, sostienen.
De esta manera, Barriga se convirtió en titular hasta el año 2028 de la marca de un programa municipal financiado con recursos públicos.
La querella también apunta a la concesión de SMAPA, encargado de administrar los servicios de agua potable y alcantarillado de la comuna de Maipú.
"Durante la gestión de la querellada se desfinanció la sanitaria para disponibilizar recursos para otros eventos o proyectos que para la administración de ese entonces resultaban más apremiantes que contar con una infraestructura sanitaria adecuada para la comuna", apuntan desde el municipio.
De esta manera, Cathy Barriga habría incumplido "el programa de inversión comprometido con la Superintendencia de Servicios Sanitarios y deteriorando la calidad del servicio ofrecido a la ciudadanía".
"Como si lo anterior no fuese ya suficiente, la querellada Barriga utilizó además infraestructura hidráulica de SMAPA para fines que le eran ajenos a la sanitaria, como lo es la grabación de un programa matinal con fines propagandísticos a su propia gestión municipal", agregan.
"Todas estas situaciones fueron advertidas por la autoridad sanitaria, cursando cuantiosas multas por ello; multas de cuyo pago tuvo que hacerse cargo la administración siguiente", señalaron.
Incluso, el ex director de SMAPA complementó en la querella que muchas veces advirtió a Barriga sobre este déficit, pero recibió una "insólita" respuesta.
“Le expliqué directamente todos los problemas que tenía sanitaria, pero a ella no le gustaba ir a SMAPA porque encontraba que había ‘malas vibras’, que había ‘fuerza negativa’. Ella nos daba esa respuesta en relación a eso”, indicó el ex director del servicio.
Esta nota trata sobre un proceso judicial en curso, por tanto, los delitos imputados no han sido descartados ni dados como acreditados por la justicia.
