Las viviendas aún no han sido informadas sobre una recepción definitiva y se mantuvieron vacías hasta agoto del años pasado, cuando un grupo de personas de la misma familia llegaron a habitarlas, según dicen, con contratos desarriendo de dudosa procedencia.
Si bien el fenómeno de la toma de viviendas ha demostrado ser una constante durante el último tiempo, vecinos de La Florida denunciaron que la situación ha escalado en magnitud y ahora los usurpadores han dado un paso más en su ilícito actuar.
Casas que tiene un avalúo total de hasta 8 mil UF, algo así como unos 200 millones de pesos, ahora son blanco de este tipo de delincuentes que han visto una oportunidad para tomarse dos casas en un condominio del sector Cumbres de la Viña de la comuna ubicada al sur-oriente de la Región Metropolitana.
Lee también: "Suenan como bombardeo": Proyecto de ley busca sancionar a quienes modifican el tubo de escape de su motoSe trata de dos viviendas que no cuentan con recepción definitiva por parte de la Municipalidad, actualmente dirigida por Rodolfo Carter, pese a que han pasado más de 4 años desde la entrega oficial de las demás construcciones.
Según un vecino informó a radio Biobío, desde el municipio no han podido hacerse cargo debido a la falta de medidas de mitigación que no han sido efectuadas por las respectivas inmobilarias, Nueva Tarapacá y Enaco.
Paralelamente, sostuvo que las dos casas en cuestión estuvieron deshabitada hasta agosto del año pasado, ahí fue cuando varias personas llegaron con contratos de arriendos dudosos, dijo el residente.
Lee también: Proceso eleccionario histórico: Elisa Araya Cortez se convirtió en la primera rectora de la UMCE También contó que se han dedicado a investigar bajo sus propios medios la situación y aseguró que las personas que habitan ambas casas corresponden a una misma familia y que, generalmente, son vistos paseándose por el condominio en busca de casas vacías, lo que ha generado conflicto entre los residentes y los supuestos usurpadores.El 26º juzgado Civil de Santiago es el responsable de trabajar en la solicitud de desalojo que finalmente emplearon ambas constructoras involucradas, sin embargo, hasta la fecha no se ha tenido una respuesta consistente por parte del Ministerio Público.