La opinión pública se ha tornado en relación a la renuncia de la ahora ex ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, a raíz de la revelación del denominado "telefonazo" que realizó su asistente al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, quien se mantiene en prisión preventiva tras ser formalizado en el marco de la Ley de Seguridad del Estado y otros delitos asociados al robo de maderas.
En relación a esta situación, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, entregó este viernes un punto de prensa para aclarar los cuestionamientos respecto del tema. En primera instancia, enfatizó que "nadie está sobre la ley, ni Héctor Llaitul y ningún funcionario del Estado", valorando además la medida cautelar decretada en la formalización mencionada anteriormente.
"Principio de buena fe"
Ahondando en lo ocurrido con Vega, la autoridad explicó que "las gestiones (que ella realizó) para intentar establecer un vínculo con Héctor Llaitul no fueron instruidas ni avisadas o informadas por parte de la (ex) ministra de Desarrollo Social".
"Más allá del principio de buena fe que tuvo, no corresponde que este tipo de intentos de gestión se den sin instrucción y no sean avisadas a quienes corresponda", precisó la secretaria de Estado, agradeciendo paralelamente la labor que cumplió Vega en la cartera.
En cuanto a las explicaciones obtenidas por el Ejecutivo en esta situación, aclaró que "ella, al ser consultada, (dijo) que no prosperó y que lo hizo por un principio de buena fe, tratando de generar un vínculo de diálogo".
Pero en ese sentido, Vallejo reiteró las palabras del presidente Gabriel Boric, asegurando que "vamos a dialogar con quienes estén disponibles a alcanzar el camino de la paz y no con quienes insistan en el camino de la violencia y la comisión de delitos para alcanzar sus objetivos".
Frente a esto, la autoridad hizo hincapié en que "nosotros no hemos instruido y no hay nadie que pueda señalar que ha tratado de hacer gestiones adicionales al respecto".
Vinculación al plebiscito
Sobre los cuestionamientos que apuntan a la ocurrencia de ambos hechos (la renuncia de Vega y la detención de Llaitul) con la proximidad del plebiscito de salida del 4 de septiembre, Vallejo repitió las palabras de su par Izkia Siches, haciendo un llamado a "no intentar sacar réditos políticos en este contexto de un proceso que además está judicializado".
"Intervenir o trata de intervenir con maniobras políticas, evidentemente que no le hace bien a nuestra democracia", agregó.
Filtración del "telefonazo"
La vocera del Ejecutivo también abordó la eventual petición de un informe a la PDI por la filtración del "telefonazo" a Llaitul, afirmando en primer lugar que "lamentamos que este tipo de información sean filtrados por la prensa, porque intervienen el debido procedimiento judicial y eso está reglado por la ley".
De todas maneras, explicó que el equipo jurídico del Ministerio del Interior es el que evaluará posibles acciones en la materia.
Abogado querellante
Finalmente, la ministra Camila Vallejo se encargó de esclarecer el rol del abogado designado para la representación del gobierno en la causa contra Llaitul, ya que trascendió que sería el mismo profesional que representa a las victimas del Caso Huracán, al cual también está vinculado el líder de la CAM.
"La información que se publicó es total y absolutamente falsa. Lo que se señaló es que el abogado querellante del gobierno contra Héctor Llaitul era el mismo que lo había defendido y representado en otra causa, y eso es falso", dijo. "Tratar de mezclar una cosa con la otra es de muy mala intención".
En detalle, señaló que "el abogado querellante en la causa que logró la prisión preventiva" de Llaitul, "era abogado querellante por el Caso Huracán, producto de lo que generó para la sociedad chilena una vulneración de la fe pública y el Estado de Derecho a propósito de la falsificación de instrumento público. Pero no es defensor de Héctor Llaitul", sentenció.
26/08/2022
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