¿Podrían materias como los derechos del agua o la nacionalización de recursos minerales ser sometidas a votación popular? Si bien este tipo de consultas han sido acotadas en la historia de nuestro país, el proceso constituyente podría ocasionar una apertura a dirimir otras problemáticas sociales mediante este mecanismo.
Noche del 11 de agosto del año 1980. Augusto Pinochet aparecía en escena, frente a las cámaras, anunciando la realización de un plebiscito que buscaba dar legitimidad democrática a una constitución redactada en dictadura. La fecha de la consulta elegida por el régimen para este proceso, no fue al azar: sería el 11 de septiembre, justo 7 años después del golpe de Estado que derrocaría al gobierno constitucional de Salvador Allende.
“Ese plebiscito fue un fraude. No cumplió con ninguna de las normas básicas para la legitimación democrática para un proceso electoral como este”, dice Claudio Fuentes, profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales y autor del libro El Fraude, que retrata aquel episodio cuestionado hoy, pero que permitió la constitución que nos rige hasta el día de hoy.
Lee también: La historia de la Comisión Ortúzar, el génesis de la Constitución de 1980“Pinochet inicia una campaña que significa que él va a distintos lugares del país. El gobierno tenía el control absoluto de la televisión, por lo tanto, no había posibilidad de que la oposición hiciera una campaña. En este tiempo no había franja radial, ni había franja de televisión. La oposición no tuvo ninguna posibilidad de que se le permitiese hacer una campaña alternativa”, explica Fuentes.
“Tuvimos 28 días para trabajar. Era un plebiscito sin registros electorales. Tenían mesas nombradas por los alcaldes que eran funcionarios de la exclusiva confianza del régimen militar”, agrega Genaro Arriagada, ex ministro y jefe operativo de la oposición durante la consulta de 1980.
Un escenario “democrático” en plena dictadura, con ambiente de represión política y opositores desaparecidos hasta el día de hoy. Así fue la última vez que hubo plebiscito en Chile por una constitución y que en poco más de un mes, el próximo 25 de octubre, nuevamente volverá a repetirse, aunque ya en democracia, con un panorama muy distinto a la violencia política del régimen de Pinochet.
“Hoy las personas están más dispuestas a informarse sobre los procesos constituyentes. Todas las instancias que se han generado de conversación y discusión. Hay más interés”, parte relatando Rafael Pizarro, director de Administración Pública de la Universidad Técnica Metropolitana (UTEM).
Para muchos, los efectos de este nuevo plebiscito ahora con los estándares apropiados de un proceso electoral, resulta interesante de estudiar más allá de los efectos y el impacto que pueda entregar la pandemia. Una decisión sobre un tema esencial que significará la eventual construcción de una Carta Magna y un interés ciudadano por participar.
Lee también: Hacer un plebiscito en la historia de Chile (1812-1989)“El plebiscito del 25 de octubre, y sobre todo el plebiscito de salida del texto constituyente, que será por voto obligatorio, son mecanismo de empoderamiento ciudadano. Todos los mecanismos de participación directa del ciudadano en procesos electorales, constituyen mecanismos de control hacia la autoridad, lo que es muy positivo para el fortalecimiento de la democracia”, explica Emilio Oñate, miembro de la mesa constituyente y decano de la Facultad de Derecho, Universidad Central.
El país deberá decidir primero si quiere una nueva carta legal y, segundo, de quererlo, definir el mecanismo. “Lo maravilloso de esta instancia es que va más allá de la representación como la conocemos como tal, es decir, las personas de diversas comunidades van a poder participar y hablar desde su realidad y no que otros hablen por ellos, empoderándose respecto a sus vidas”, dice María José Escudero, directora ejecutiva de Fundación Ronda.
El proceso que se viene genera expectación desde ambos bandos en disputa. Un escenario inédito en la historia republicana chilena que, en algunos sectores, además, alimenta el apetito para abrir estas consultas no solo para algo tan magno como una nueva Constitución, sino también para otros temas que generan debate en la sociedad.
El 3 de septiembre pasado, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, planteaba en el programa Mucho Gusto de Mega la posibilidad de saldar la duda que a su juicio aún persiste sobre el tema “mar para Bolivia”, a través también de un plebiscito. Así lo explicaba:
“Tengo mi posición personal, pero cuando uno es Presidente de la República no importa la posición personal, importa lo que defina la ciudadanía. Por lo tanto, un tema tan relevante como ese debe ser consultado en plebiscito”.
Lee también: Derechos y Deberes, capítulo 1: Bases de la institucionalidadY si bien su idea fue replicada con firmeza desde la misma oposición (como lo hizo el presidente del PPD y ex canciller Heraldo Muñoz, quien dijo que “que el alcalde Jadue, si aspira a ser Presidente de la República tiene que leerse el fallo. Sus expresiones son muy irresponsables porque este fallo es inapelable"), sí hay varios expertos que estiman que en otros temas de relevancia nacional, se pueden solucionar consultando a la ciudadanía por medio de este mecanismo de plebiscito. Por ejemplo: derechos de agua o nacionalización de recursos minerales, por nombrar sólo algunos.
“Los plebiscitos llegaron para quedarse, no porque antes no existieran, sino porque hoy es necesario contar con la participación de la ciudadanía en forma directa para hacer más válidas y legítimas las decisiones públicas que se adoptan”, dice Paola Tapia, ex ministra de estado y profesora de derecho constitucional.
Frente a este punto, Rafael Pizarro, Director de Administración Pública de la Universidad Técnica Metropolitana (UTEM), agrega que “este proceso constituyente, sin duda, genera un espacio de apertura para crear una cultura democrática y de mecanismos diferentes en esta materia”. Esto, según manifiesta, podría significar una ampliación de las causas o razones por las cuales se puede hacer un plebiscito, y que implicaría hacerlos más cotidianos.
Vale precisar que en Chile, el Presidente de la República tiene la facultad para convocar estas consultas cuando lo estime conveniente. Aunque la historia dice que esos llamamientos han sido acotados desde el gobierno central, no así desde las municipalidades, quienes frente a discusiones puntuales que involucran a alguna comuna específica, entre sus habitantes, se ha hecho común resolver las dudas mediante plebiscito.
Frente a eso, María José Escudero, de Fundación Ronda, de igual forma, sostiene que existe “una deuda con varias generaciones en cuanto a la formación cívica, por lo que sería una muy buena instancia para formarnos al respecto. Este es un momento histórico en el que las personas podrán expresar su sentir colectivo, más allá del individuo, pudiendo empatizar con las realidades de todos y todas, para así construir una sociedad mucho más justa e igualitaria”.