Cristian Garabito Toro fue detenido por Carabineros de la 51ª Comisaría de Pedro Aguirre Cerda, el 7 de junio del 2018 por los delitos de porte ilegal de armas, de munición y microtráfico.
El parte policial consignó que personal de la Sección de Investigaciones Policiales, SIP, acudió a la población La Victoria tras recibir un llamado radial que alertó sobre los disparos efectuados por un individuo en la vía pública, frente a su casa. Allanaron el domicilio y en el entretecho del inmueble encontraron una pistola semiautomática Smith & Wesson calibre 9 milímetros.
Este procedimiento fue informado a través de la cuenta de Twitter de Carabineros en la que se subió una fotografía del arma incautada. Días después, en la PDI saltaron las alarmas.
El jefe de la sección Armamento y Munición, subprefecto Pablo Caro, reconoce en una minuta fechada el 5 de julio del 2018, que “tras tomar conocimiento de una fotografía correspondiente a una publicación de twitter de Carabineros de Chile, procedió a revisar los registros internos de la Sección”, constatándose de esta forma que correspondía a armamento de cargo institucional.
Con 22 años en la institución, el perito balístico Marcelo Lermanda, asegura que él y varios subalternos fueron recriminados por su superior, casi culpándolos de esta grave situación. “Yo le contra pregunto y le digo y si esto fue hace tanto tiempo cómo nosotros no sabíamos o cómo no se ha informado al ente pertinente, recibiendo una serie de malos tratos. Me opuse al lenguaje, a la forma, y a la desinformación que había con respecto a este tema”.
Tras este incidente, Lermanda se constituyó ante el entonces jefe de Logística, subprefecto Alex Espinoza. “Le entregué la cuenta escrita y todos los antecedentes. Esto origina que él informe y que se ordene la apertura de un sumario administrativo”.
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La PDI nombró al prefecto Cristian Gutiérrez León como fiscal en comisión para investigar cómo se produjo la desaparición de esa pistola desde el arsenal institucional y que disparaba un sujeto con antecedentes por robo con violencia. A los pocos días se encontraron con una sorpresa mucho mayor.
“Al poco comenzar este sumario se hace una revisión por el Departamento de Inspección Policial de la Inspectoría General de la PDI y se descubre que no es un arma la que está extraviada, sino que son 15 más”, sentencia Lermanda.
Reportajes de Chilevisión tuvo acceso exclusivo a parte del sumario que confirma estos hechos. Al arma fiscal en perfectas condiciones de uso, hallada en poder de Garabito, se suman otras 15 pistolas Smith & Wesson, calibre 9 mm. que desaparecieron desde el arsenal protegido bajo fuertes medidas de seguridad en la sala de armas, ubicada en el piso menos uno del Cuartel General de la PDI.
Para el ex prefecto y experto en seguridad, Víctor Avellaira, se trata de un hecho demasiado grave, porque “cómo voy a pensar que entran a mi casa si yo soy experto en seguridad. No quiero ni pensarlo. Por eso, me estás tocando a la familia. Le entraron a robar a la parte más segura de Chile.”
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El presidente de la Asociación Nacional de Tenencia Responsable de Armas (ANTRA), Cristian Gamboa, va más allá frente a esta fuga de armamento, al plantear que “en una institución a la que se le pierden armas, o a la que le roban armas, o la que algunos funcionarios trafican armas, porque digamos las cosas como son, esto no puede ser que un grupo de delincuentes haya entrado a unidades centrales de Investigaciones o Carabineros y haya sacado armas. Esas armas han sido sacadas por funcionarios de las instituciones”.
La sala de armas de la PDI está vigilada por un circuito cerrado de cámaras interiores y exteriores. Para llegar al armamento, antes hay que cruzar dos puertas metálicas, cada una con férreas medidas de seguridad que incluyen dispositivos electrónicos y de huellas digitales, candados, tarjetas magnéticas y chapas digitales.
Marcelo Lermanda, quien trabajó durante dos años en esa sección, corrobora que “las llaves y todo el aparataje requerido para el ingreso y salida de esta dependencia se encontraban en la oficina del jefe de la unidad. El jefe de la unidad, o quien lo siguiera en antigüedad, siempre estaba en conocimiento de cuando se abría y se cerraba”.
En el sumario, corroboramos que se le tomó declaración al jefe de la Sección de Armamento y Munición, subprefecto Pablo Caro y a quien lo secundaba, la perito Érica Sepúlveda.
El ex prefecto de la PDI, Víctor Avellaira, asegura que aquí existe negligencia y descuido, ya que “cuando a uno le entregan una unidad le entregan la protección también. Partiendo por las personas, la infraestructura y la logística”, por lo que existirían claras responsabilidades administrativas de la jefatura. “El líder de investigaciones, el futuro jefe es instruido, educado, culturizado, adoctrinado para ello, para proteger los bienes institucionales”, agregó.
El arsenal está distribuido en distintos anaqueles debidamente numerados. El armamento se ordena según el tipo, calibre y marca. Una bandeja completa de pistolas Smith & Wesson desaparecieron de este lugar y la policía las declaró como extraviadas, lo que da tiempo para investigar de forma interna y dar con su paradero, antes de hacer una denuncia al Ministerio Público.
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El plazo para denunciar es sumamente importante para poder esclarecer eventuales hechos delictivos ocurridos al interior de organismos de orden y seguridad. El jefe del Sistema Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Metropolitana Sur, fiscal Patricio Rosas, dice que “en la medida que existan presunciones o antecedentes que permitan sospechar que esto va más allá de un extravío lo preferible siempre es detonar una investigación penal”.
Para el ex subprefecto Gilberto Opazo, ex jefe de la brigada de homicidios, es de toda lógica pensar que en el arsenal de la PDI hubo una sustracción de las armas y no un extravío. “Es lo más probable porque no es lógico que en la PDI se desaparezcan así de la nada una cierta cantidad de armas de fuego, por consiguiente, me parece que faltó rigurosidad de la persona encargada del procedimiento administrativo y la persona que debía dar cuenta al Ministerio Público”, indicó.
En la investigación interna, el fiscal de la PDI solicitó los registros de las cámaras de seguridad. La respuesta del Subprefecto Christian Quilodrán, encargado de la seguridad del Cuartel General, fue que “no existe respaldo de las grabaciones solicitadas debido a que estas tienen una duración de 20 días y luego se sobre escriben.”
A esta traba en la recopilación de evidencia, se suma otro hecho inexplicable. El sumario también evidencia que no existe un estudio de seguridad de la Sección de Armamento y Munición, repartición que es altamente sensible.
“Yo creo que era necesario. Era necesario si usted me lo pregunta de esa forma, y a lo mejor hay que revisar esos planes. Y actualizarlos”, asegura el ex prefecto Avellaira. Mientras que para el perito Lermanda, “no tener un estudio de seguridad produjo exactamente los hechos que nos ocupan hoy en día. Tener desprovistos elementos de protección para resguardar el armamento institucional y que se produzcan estas cosas”.
A dos meses de avanzado el sumario, se constató que las 16 armas no habían sido encargadas por robo a la Dirección General de Movilización Nacional, donde el jefe del Departamento de Control de Armas y Explosivos, coronel José Manuel Benítez, nos confirma que “siempre que hay un robo de un arma ya sea civil o institucional, es producto de un ilícito. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar conocimiento de ello”.
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A esto también apunta Lermanda, porque ante esta instancia “claramente se omitió denunciar y se omitió encargar. Eso es una omisión manifiesta. Para nosotros los empleados públicos eso reviste carácter de delito”.
Quisimos saber si la DGMN tiene un registro respecto a las armas fiscales extraviadas, sustraídas o robadas. Pero la respuesta fue un seco “nosotros no tenemos registro de eso”.
El 12 de septiembre del 2018, tres meses después de iniciado el sumario, la fiscalía centro norte fue informada de la sustracción de las armas de la PDI.
Aunque solicitamos una entrevista para conocer el estado de la causa, sólo accedieron a reconocer vía telefónica que la investigación se encuentra archivada por falta de antecedentes. Mientras que el sumario lleva un año y medio abierto.
“No sabemos qué pasa con los sumarios, no sabemos qué pasa con los responsables, no sabemos nada y en definitiva hoy día hay una cantidad de armas imprecisas que nadie sabe en manos de instituciones del Estado y que no sabemos cómo se resguardan, pero sí sabemos que hay armas que están saliendo en manos de delincuentes”, asegura el presidente de ANTRA.
La PDI no quiso darnos una entrevista. Nos hicieron llegar un comunicado, donde aseguran que las 15 armas faltantes estaban en desuso. Advierten que la investigación sumaria se inició como consecuencia de los controles internos, y no a raíz de un procedimiento de la policía uniformada. Aseguran que el sumario interno está próximo a finalizar y que de haber faltas se aplicarán las máximas sanciones.
15/01/2020
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