La administración saliente de Sebastián Piñera partió propiciando el diálogo, planes de inversión y control de orden público, pero para algunos, "perdió la brújula". Una nueva administración liderada por Gabriel Boric, ahora apunta a una conversación que incluya a "todos los actores".
Una zona del país que hace décadas convive con la violencia, un choque de culturas y tradiciones. Capitales privados y comunidades disputan territorios que para unos son parte de su tradición productiva, apuntando a la importancia de la agricultura en el país. Mientras que para otros, la tierra es el pilar de la cultura, que sin ella desaparece. La administración saliente de Sebastián Piñera partió propiciando el diálogo, planes de inversión y control de orden público, pero para algunos, "perdió la brújula". El Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Alfredo Moreno concretó encuentros con comunidades, anticipó cambios a la ley indígena e intentó concretar una consulta para reformarla. Los errores ocurrieron, el gobierno de Piñera instaló en la zona unidades especiales de Carabineros formadas en Colombia, el denominado Comando Jungla. El asesinato de Camilo Catrillanca fue el punto de inflexión de una estrategia fallida, y la violencia nuevamente se impuso junto a una alta militarización que vino acompañada con el decreto de Estado de Excepción en la macrozona sur. "Necesitamos una mentalidad distinta, con un paradigma diferente, validando al otro como legítimo implica validar las organizaciones sociales y valorar las personas que las mismas comunidades han tenido siempre para dialogar", plantea Elisa Loncon, convencional y ex presidenta del órgano. Una nueva administración liderada por Gabriel Boric, que no responde a ninguno de los dos conglomerados que gobernaron anteriormente, ahora apunta a un diálogo con todos los actores. Pero Loncon advierte que si será "desde arriba hacia abajo, no es diálogo, porque sigue siendo una relación jerárquica".