Se están instalando sobre un antiguo vertedero. Levantan casas sólidas en las que se proyectan a largo plazo. Son más de 1.500 familias que integran una toma ilegal, pero por cuyos sitios pagaron en promedio unos $400 mil cada uno, con la falsa promesa de regularizar su propiedad. Hoy están enfrentados al riesgo de los incendios subterráneos y a un eventual desalojo.