El homicidio frustrado por el que la Fiscalía acusa al carabinero detenido por embestir a un joven de 16 años, provocando su caída al lecho del río Mapocho, encendió las alarmas sobre los excesos cometidos por la policía uniformada y el actuar posterior para alterar evidencia.
En noviembre del 2018, el comunero mapuche Camilo Catrillanca moría de un disparo en la cabeza. Su caso revelaría el ocultamiento de información por parte del Comando Jungla, por la destrucción de una tarjeta de memoria que contenía las grabaciones del homicidio.
Llegaría el estallido social de octubre y, hasta ahora, nadie había tenido acceso a las cámaras corporales de Carabineros.
Lee también: Red de alimentos: Rescatan y distribuyen productos a organizaciones sociales que ayudan a personas sin recursos
Imágenes reveladoras
En el despliegue del escuadrón Beta 9 del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) en Huechuraba se alcanza a apreciar el control sobre sus subalternos que ejerce el capitán en los primeros días del estallido de octubre.
Paulette Desormeaux, fundadora de la organización "La Pública", comenta que en la instancia "nos encontramos con registros audiovisuales que mostraban cómo Carabineros estaba preocupándose de qué no disparar a los techos".
"Sabemos que han existido incendios en techos que se cree que podrían haber sido provocado por lacrimógenas, pero hasta ahora no se ha comprobado", sentencia Camila Fox, periodista de "La Pública".
Lee también: Nuevos peritajes por caso Fernanda Maciel: Tanatóloga asegura que no habría muerto por estrangulación
Falta de registros
Distintos episodios de un mismo escenario de conflicto social aparecen en las grabaciones hechas con las cámaras corporales de Carabineros, que con resistencia obtuvo la organización "La Pública", encabezada por un grupo de profesionales de la Universidad Católica.
"Estamos en un proceso de revisar el material al cual accedimos con expertos en los protocolos de Carabineros", explica Desormeaux.
No fue fácil obtener los registros vía transferencia, que abarca desde el 18 hasta el 31 de octubre. "Nos encontramos con una barrera inmediata, una denegación de parte de Carabineros, diciendo que no pueden entregar esa información, porque los videos contienen imágenes de niños, personas y direcciones", relata Catalina Gaete, cofundadora de la organización.
Sin embargo, Desormeaux indica que "descubrimos que, al menos desde 2018, Carabineros había invertido $520 millones en un software que hace eso automáticamente. O sea, este programa permite difuminar los rostros ya sea manual o automáticamente y de hecho, habían capacitado a 30 funcionarios para utilizar el software".
Por eso, presentaron un amparo ante el Consejo para la Transparencia, que obligó a Carabineros a entregar las grabaciones. No obstante, desde la institución no quisieron referirse a la razones por las que faltan algunos registros.
Lee también: Buscan regular precios: Ley Cenabast ya pone límite a 149 medicamentos en farmacias independientes
"Es necesario reconstruir"
En los 200 minutos de material aparecen algunos diálogos de funcionarios y también los riesgos a los que estuvieron expuestos.
Imay Ortíz, directora de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público, apunta a la importancia de las grabaciones. "Todo sirve, porque es necesario reconstruir", señala. Misma opinión tiene el director jurídico del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Rodrigo Bustos, quien valoró el poder acceder a la información.
Los registros podrían ser de toda utilidad en las casi 2.500 causas judiciales en las que el INDH es parte querellante y que se presentaron tras el estallido social.
La Unidad de DD.HH. del Ministerio Público aseguró que hay 919 carabineros imputados y 63 formalizados. Lograron identificar a 8.800 víctimas de los casos de violencia institucional cometidos por uniformados, entre los que se encuentran 281 casos de desnudamientos y 12 casos de abuso sexual agravado.
Lee también: Mujer mató a su pareja tras años de agresiones: Defensa y Fiscalía piden perspectiva de género en juicio
Contenido público
Octubre del 2019 marcó un antes y un después en Chile. Millones de personas se volcaron a las calles para expresar su malestar por las desigualdades sociales. La cohesión dio paso a la violencia a lo largo del país, dejando a miles de personas heridas.
A un año del conflicto, la Corte de Apelaciones rechazó 14 recursos de protección que cuestionaban el uso de la fuerza por parte de las policías en el control del orden público. El tribunal argumenta que por algunos desenlaces no se puede privar a Carabineros del uso de escopetas antidisturbios, a pesar de que más de 350 personas perdieron la visión parcial o totalmente.
Mientras, la acción policial en primera persona será analizada por expertos, en conjunto con la organización "La Pública", que tiene disponible todo el material en su sitio web, tanto para la ciudadanía, como para organismos del Estado.
11/10/2020
22:34
