Tienen un permiso para actividades agrícolas, pero aseguran que son guardias de seguridad. Lo cierto es que entran al club Lomas de La Dehesa para mantener las 35 hectáreas. En tanto, su empleador atribuyó razones medioambientales para explicar la importancia de mantener el club.
El club de golf Lomas de La Dehesa es uno de los recintos más exclusivos de Santiago, donde trabajadores denuncian una alteración en sus salvoconductos colectivos con el fin de continuar con sus labores de jardinería en las canchas del recinto.
Aseguran haber sido presionados a mentir ante una eventual fiscalización de carabineros.
Son las 8 de la mañana y trabajadores ingresan al club ubicado en Lo Barnechea, comuna que se encuentra en cuarentena. Por lo tanto, los salvoconductos permitidos son exclusivamente para trabajos esenciales.
"Estamos de guardia de seguridad", dicen algunos de los trabajadores que salen de su turno. Sin embargo, uno de ellos carga un tarro de pintura con plantas. "No se ha visto a nadie ahí trabajando", dice otro empleado, quien también aseguró ser guardia.
Minutos más tarde, labores de jardinería y mantención de áreas verdes, y particularmente de las canchas de golf, comienzan en el recinto, pese a su prohibición.
Lee también: Izkia Siches, Ennio Vivaldi y Jorge Sharp se unen en nuevo espacio que buscar fortalecer la APSEl salvoconducto otorgado a estos trabajadores por su empleador refiere que desempeñarán labores relacionadas con el rubro de agro alimentos, productores silvícolas y agrícolas.
El teniente coronel Juan Velásquez, comisario de la Comisaría Virtual, afirmó que "los jardineros o la mantención de áreas verdes no se encuentran considerados como trabajo esencial". Es decir, no cuentan con autorización para la función que desempeñan.
Pero por si fuera poco, como el permiso vencía este lunes cuando entra en vigencia un nuevo instructivo -mucho más restrictivo-, el empleador les otorgó otro documento donde los vincula a la función de vigilantes. Trabajadores denunciaron haber sido presionados para mentir ante una eventual fiscalización de carabineros.
En este caso, lo empleados estarían arriesgando no sólo ser detenidos, sino que también su seguridad y salud. Tras una fiscalización de carabineros, finalmente reconocen la situación a la que fueron expuestos.
"No podemos hacer otra cosa, si no-", dijo el trabajador, haciendo un gesto para dar a entender que sería despedido.
Lee también: Pacientes que se encontraban en carpa del Hospital San José fueron evacuados tras filtración por lluviasPor su parte, Enrique Valdés, gerente general del club, aseguró que "hay una situación de un vacío, que ante la necesidad de mantener 35 hectáreas verdes, que es un parque, privado, pero que aporta a la atmósfera, de unos 5 mil árboles. Hay que mantenerlas. La única forma de nosotros, obtener la utilización, porque existe un vacío en la definición, fue asimilarlo a lo más parecido, que era 'actividades agrícolas, silvoagropecuaria y productores agrícolas'".
Pero lo cierto es que no se trata de un vacío, sino de una expresa indicación de la autoridad sanitaria.
"Cuando no se encuentra el rubro en la tramitación o en el requerimiento de un permiso único colectivo, es porque simplemente la empresa no está considerada como una empresa básica", agregó el teniente coronel Velásquez.
Por ello, el empleador estaría infringiendo el artículo 210 del Código Penal. Es decir, un delito con penas de presidio menor en su grado mínimo a medio, y multas que van de las seis a diez UTM.
"Fue la única alternativa. Imagínese que se me sequen 5 mil árboles. Ya estamos en un periodo de sequía, ya hemos tenido que hacer dobles esfuerzos para mantener las áreas verdes. Además de los particulares que están involucrados, aquí hay socios, vecinos que ven en este parque una posibilidad de actividad concreta".
Tal como muchos chilenos que salen a la calle sin permiso, provocando indignación social y penas hasta de cárcel, aquí parecen no entender de qué se trata la cuarentena y la gravedad de incumplirla. Lo peor, sus trabajadores han quedado expuestos diariamente al contagio en el transporte público.
Sin excepciones, esta institución, como cualquier otra, deberá responder ante los organismos competentes por infringir las normas sanitarias.
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