El ex fiscal Carlos Gajardo se refirió al reportaje investigativo denominado Pandora Papers, que reveló que en 2010 y tras asumir su primer periodo gubernamental, el presidente Sebastián Piñera selló la compraventa del proyecto minero Dominga con el empresario, y su amigo, Carlos Alberto Délano en Islas Vírgenes Británicas.
El abogado ha señalado en otras instancias hay que ser muy ingenuo para creer que el mandatario desconocía la millonaria compraventa en cuestión.
Ahora, en conversación con CHV Noticias, expresó que sus declaraciones se basan en que "pensar que ese negocio entre dos grupos de personas tan vinculados al presidente, por una cifra tan millonaria, no fue conocido por él, a mí me parece que es una afirmación que requiere mucha audacia para ser sostenida y mucha ingenuidad para ser creída".
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"Hay hechos que son bastante evidentes y claros", dijo, quien sostuvo que "uno podría sostener que debieran existir antecedentes para sostener que el presidente tuvo conocimiento de esa operación".
Al respecto, afirmó que la Fiscalía debe considerar tres elementos al momento de tomar una determinación. "Primero, si existen elementos que pudieran ser constitutivos de delito y eso yo creo que razonablemente es posible de sostener. La manera en que se estructura el contrato y sobre todo la cláusula final por la tercera cuota pueden ser indiciarios de la posible comisión de un delito, sobre todo de negociación incompatible, o si uno es más intenso, de un posible cohecho", declaró.
"Lo segundo, hay que hacer una reflexión sobre el tiempo que ha transcurrido, que son 10 años, y la tercera reflexión es que estos hechos fueron investigados, pero la pregunta clave es determinar que fue lo que ocurrió en la audiencia de sobreseimiento que se discutió ante un tribunal de garantía. ¿El tribunal se pronunció específicamente sobre la posibilidad de que estos hechos pudieran constituir un delito de negociación incompatible o de cohecho y a partir de eso dictar el sobreseimiento?", se cuestionó.
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Acusación constitucional
Sobre la decisión confirmada por parte de la oposición de presentar una acusación constitucional en contra del presidente Piñera, el ex fiscal Gajardo fue enfático en señalar que "hay que tener presente que la acusación constitucional solo puede versar sobre hechos ocurridos durante este mandato".
"Ya no es posible acusarlo por hechos que hubieran ocurrido en su primer mandato. La ley establece un plazo de seis meses una vez que la persona expira en el cargo para poder hacer una acusación de este tipo, y por lo tanto, solo se le podría acusar constitucionalmente por los hechos cometidos durante su mandato a partir de 2018", indicó.
Asimismo, manifestó que es necesario "hacer una reflexión respecto a la oportunidad en que se presenta". "Estamos a dos meses de nuevas elecciones presidenciales y a más o menos seis meses de que se termine su periodo como presidente", dijo.
En ese contexto, sostuvo que "como ciudadano me parece que la discusión pública debiera estar más concentrada en algo que está perdiendo interés y foco, que son las propuestas presidenciales que los candidatos debieran ofrecer al país y una acusación constitucional perfectamente se podría plantear después de marzo, una vez que el presidente haya dejado el ejercicio del poder".
06/10/2021
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