Su empleador consideró que esta conducta era una clara "violación a la buena fe y al deber de fidelidad" además de “pérdida de confianza” incompatible con el cargo, la que no se justificó.
La mujer apeló y su solicitud fue acogida en el tribunal, puesto que descubrieron que el proceso para despedirla no cumplía con todos los requisitos necesarios.
"La imputación que justificó el despido carece del detalle que permita a la actora conocer con precisión o deducir inequívocamente, cuál sería la específica información que se le enrostró haber divulgado indebidamente”, comunicó la Cámara. También, señalaron que no habría evidencia de que la trabajadora "haya realizado una investigación o sumario interno en pos de demostrar las imputaciones que dirigió contra la trabajadora como configurativas de una “pérdida de confianza” que hace imposible la continuidad de la relación que perduró por casi 22 años”.