Los hechos que se le imputan se remontan a 2019, cuando la influencer acudió a una iglesia de la comuna de Caldera. CHV Noticias tomó contacto con un académico de la U. de Chile, quien explicó los alcances de esta medida que mantiene a la joven ocultándose de la policía.
La conocida influencer Naya Fácil (25) está enfrentando un complejo presente judicial, tras no presentarse a la audiencia de formalización por el delito de ultraje de objetos y lugares de culto. Todo a raíz de una querella del Obispado de Copiapó y una denuncia presentada por el municipio de Caldera, representado por la alcaldesa Brunilda González.
Los hechos se remontan al 2019, cuando la joven ingresó a la iglesia San Vicente de Paul de Caldera y se desnudó en el altar del recinto religioso.
Esto fue compartido por la propia implicada a través de redes sociales, permitiendo que los hechos se viralizaran y, junto a ello, causaran el devenir judicial que actualmente la mantiene con una orden de detención vigente.
Dicha situación fue explicada anteriormente por la influencer, quien en un video en TikTok aclaró que su actuar "no fue nada en contra de los católicos, ni de los evangélicos, ni de ninguna religión".
"Mi manera de expresarme fue ante los curas porque en ese tiempo estaba saliendo a la luz todo lo que hacían los curas, entonces yo intenté hacer algo, lo mismo, contra los curas", agregó.
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Ante la denuncia y querella mencionadas, se fijó una primera audiencia de formalización para el 28 de septiembre, pero tras presentar una licencia médica, fue reagendada para el 26 de diciembre en el Juzgado de Garantía de Caldera.
Precisamente a esta última instancia no acudió Nayadeth, sin presentar una justificación para su ausencia. Debido a esto, la magistrada determinó la emanación de una orden de detención, para Carabineros y PDI, en contra de ella.
De acuerdo con el documento de resolución de la audiencia de formalización, al cual tuvo acceso CHV Noticias, el fiscal indicó que Naya "es susceptible de una salida alternativa de suspensión condicional por el plazo de 1 año, siendo la condición a imponer aquella del artículo 238 de la letra g) del Código Procesal Penal, esto es, fijar domicilio e informar cualquier cambio de éste al Ministerio Público".
La orden de detención respecto de un determinado sujeto surge cuando "existe la necesidad de conducirlo a un tribunal de manera forzosa o también puede significar, si es necesario, detener a una persona para que cumpla una pena efectivamente".
En el caso de Nayadeth, quien se encuentra en esta situación por no presentarse a una audiencia, el académico explicó que "lo que hace el fiscal es precisamente pedir esta orden de detención para llevar a una persona 'a la fuerza' a la audiencia de formalización".
Es decir, la persona en cuestión entonces sería trasladada a un tribunal de garantía y, eventualmente, pasaría algunas horas en un calabozo de comisaría.
Por su parte, una orden de detención tiene una duración determinada, sin embargo, desde el Ministerio Público se puede pedir su renovación.
Al ser consultado si es que una persona con orden de detención se podría catalogar como prófuga, precisó que "en realidad sí es así, porque está escapándose". Pero su captura, por lo general, ocurre durante controles de identidad o al momento de querer abandonar el país.