La norma busca garantizar una construcción sustentable, segura, con áreas verdes, servicios básicos y accesible para discapacitados. Además indica que se tiene que evitar la especulación de los suelos y propone penas por el mal uso de subsidios o fondos gubernamentales.
Según el Cronograma General de Trabajo de la Convención Constitucional, desde el reciente lunes 8 de noviembre se abrió el periodo de recepción de iniciativas para normas constitucionales.
Roberto Vega (RN), Paulina Veloso (RN), Angélica Tepper (RN), Álvaro Jofré (RN), Adriana Cancino (PS), Luciano Silva (RN), Bernardo de la Maza (Evópoli), Manuel José Ossandón (RN), Helmuth Martínez (IND - Pueblo Constituyente) y Geoconda Navarrete (Evópoli) fueron los convencionales constituyentes quienes elaboraron la propuesta de norma llamada "Derecho a una vivienda digna para todos los chilenos".
Según la norma, debe existir un derecho a una vivienda digna, que asegure una construcción sustentable, segura, con áreas verdes, servicios básicos y accesible para discapacitados. Además indica que se tiene que evitar la especulación de los suelos y la existencia de penas por mal uso de subsidios o fondos gubernamentales.
Justificación de la norma
"Nuestro país tiene un déficit histórico de viviendas. La necesidad de vivienda de los chilenos se ha visto repetida año a año en cada discurso presidencial y en cada candidato al parlamento. No obstante, habiendo transcurrido más de 30 años desde el regreso a la democracia plena, jamás dicho derecho ha sido consagrado a nivel de texto constitucional", comienza argumentando el texto.
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Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Latinoamérica y el Caribe alrededor de 59 millones de personas viven en una vivienda inadecuada, o sea, una de cada tres familias carece de una vivienda o está construida de forma inadecuada.
"En ese mismo año (2016), el déficit cuantitativo era 459.347 viviendas, mientras que el déficit cualitativo alcanzaba 1.247.890 viviendas que deben ser ampliadas o mejoradas. Un pasaje de ello son las mal recordadas casas Copeva", añade.
Según informes de la Cámara Chilena de la Construcción, en coincidencia con otros estudios, en Chile actualmente hay dos millones 500 mil personas sin vivienda, llegando el déficit habitacional a más de 730 mil viviendas. La cifra ha registrado un aumento del 13% desde los años 2015 a 2017 y hoy se encuentra mucho más elevada fruto de la pandemia y el alza de las tasas de interés bancaria, producto del aumento de la inflación derivada de la inestabilidad que se ha ocasionado desde la crisis social de octubre de 2019 y la coyuntura internacional.
Asimismo, enfatizan que el Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha subrayado que el derecho a una vivienda adecuada no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte.
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La propuesta
"Los Chilenos tienen derecho a una vivienda digna y poder participar en las decisiones que influyan en los procesos de desarrollo y planificación de las comunas en las que habiten. La ley determinará y regulará los mecanismos para hacer efectiva esta facultad", dice el texto.
"Las políticas de vivienda a nivel nacional deberán realizarse con criterios de integración y en conformidad a la realidad de las distintas provincias y sus comunas. Es deber del Estado adoptar las medidas razonables, legislativas y de todo tipo, dentro de los recursos disponibles para asegurar este derecho y evitar la especulación con los suelos", advierte el documento.
"La construcción de la vivienda social deberá tener siempre como conceptos básicos criterios de sustentabilidad, seguridad, accesibilidad para personas discapacitadas, desarrollo de áreas verdes y la instalación de servicios básicos y comunes si las condiciones así lo ameriten, debiendo siempre la oferta de ellos ser coherente con la cantidad de habitantes de la urbanización".
"El mal uso de subsidios o fondos gubernamentales ya sea por parte de las constructoras, inmobiliarias o promotores inmobiliarios será castigado con penas de prohibición absoluta para la empresa y sus altos ejecutivos para postular o manejar cualquier tipo de fondos públicos, para los beneficiarios la sanción será la pérdida del derecho y en ambos casos las demás sanciones que se establezcan en la ley", complementa.
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Se espera que desde que se abrió el plazo para ingresar las propuestas de normas constitucional, 60 días después, culmine el periodo, para luego dar paso para las votaciones de estos.
11/11/2021
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