De forma unánime, el Tribunal Constitucional (TC) declaró admisible el requerimiento presentado por Marco Enríquez-Ominami, que busca recuperar sus derechos como ciudadano, los que le fueron suspendidos en el marco de la acusación en su contra por el caso SQM.
De esa forma, el TC deberá escuchar en los próximos días, los argumentos de todas las partes antes de resolver si acoge o no dicho requerimiento.
Uno de los abogados del ex candidato presidencial explicó que "la decisión unánime de la Primera Sala del Tribunal Constitucional es muy buena para nosotros y nos tiene muy satisfechos, no sólo porque acoge la admisibilidad, que es lo que nosotros solicitamos, sino porque obviamente rechaza la posición del Consejo de Defensa del Estado que se había opuesto –expresamente- a la admisibilidad".
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"Lo que viene ahora es en un plazo relativamente breve para que distintas instituciones del Estado de Chile manifiesten su posición frente a este caso, desde la perspectiva constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos. Este caso no admite ninguna discusión", agregó el abogado.
El defensor insistió en su argumento respecto a que "no es posible, bajo ningún respecto, privar de derechos políticos a una persona sin que haya una sentencia condenatoria o haya habido un juicio". "En este caso, lo que hay es simplemente una actuación administrativa unilateral del Ministerio Público, que ha formulado una acusación respecto de la cual no tenemos ninguna duda, que al final será rechazada porque el señor Marco Enríquez-Ominami es inocente".
"Esta decisión, que tomará prontamente el Tribunal Constitucional, permitirá recuperar los derechos políticos a Marco Enríquez-Ominami. Lo que venga después, nos excede a nosotros como abogado, pero tenemos seguridad, certeza absoluta que el Tribunal Constitucional nos dará la razón", puntualizó.
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Paralelamente, Enríquez-Ominami recurrió a la Corte de Apelaciones, que ahora deberá pronunciarse sobre el recurso de protección contra el Servel.
Recordemos que ME-O fue formalizado como facilitador de la emisión de 36 facturas ideológicamente falsas a SQM Salar y otras dos a Soquimich por cerca de $420 millones. Asimismo, está en medio del juicio por el caso OAS.
Por esa razón, el militante del PRO mantiene sus derechos políticos suspendidos, por lo que se encuentra inhabilitado para votar e inscribirse para competir como carta presidencial a La Moneda por cuarta vez.
04/08/2021
18:08
