El "histórico" fallo se da luego de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Brink's, en medio de la causa que abrió el organismo por una presunta colusión. Según la denuncia, las entidades fijaron los precios de sus servicios entre el año 2017 y 2018.
Durante la jornada de este lunes 17 de enero, una inédita resolución dictó el Tribunal Constitucional en el caso de posible colusión de las empresas de transporte de valores, tras el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado el 10 de enero por la defensa de Brink's.
El giro de la investigación se da a casi tres meses de que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) haya llegado hasta el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia con un requerimiento en contra de Brinks, Prosegur y Loomis, por haber presuntamente, celebrado y ejecutado un acuerdo para fijar los precios de sus servicios entre el año 2017 y 2018, afectando así a entidades bancarias y cajas de compensación.
La defensa de Brink's
Brink’s reclama que el sistema está diseñado de una manera que viola el debido proceso y la igualdad de armas con la Fiscalía Nacional Económica y pide que se le revele el expediente investigativo y los demás antecedentes en base a los cuales la Fiscalía Nacional Económica la acusó de colusión, como requisito para poder defenderse en forma justa e igualitaria.
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"Todas las personas tienen derecho a ser juzgadas en un procedimiento justo y racional, incluyendo el derecho de todos los acusados a conocer el expediente de investigación y los antecedentes fundantes de un requerimiento antes de tener que contestar la acusación. Mientras no tengamos acceso a esos antecedentes, no existirá debido proceso y existirá una cancha dispareja que beneficia indebidamente a la FNE, en contra de nuestras garantías constitucionales y de las buenas prácticas promovidas internacionalmente por la OCDE y otros organismos", expresó José Joaquín Ugarte, abogado de la defensa.
En este contexto el requerimiento señala "se debe asegurar que todos los intervinientes tengan posibilidad de participar a lo largo de todo el proceso, de principio a fin, en todos sus estadios, y en condiciones de igualdad; en términos que todos ellos tengan igualdad de armas en la lucha jurídica; es decir, cuenten con la misma posibilidad real, oportuna, plena y eficaz de presentar sus planteamientos y controvertir las pretensiones de su contradictor; de manera que, contando con paridad de oportunidades, todos ellos puedan influir con iguales posibilidades procesales en la obtención de una decisión favorable a sus respectivas posiciones".
Tras evaluar la solicitud, el Tribunal Constitucional resolvió "que se acoge a tramitación el requerimiento deducido de fojas uno; al primer otrosí, como se pide, suspéndase el procedimiento en la gestión judicial invocada", según se lee de la sentencia dada a conocer el 17 de enero.
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Desde la defensa de la empresa de transporte de valores manifestaron su conformidad con la decisión y explicaron que "pretendemos hacer valer los derechos de la parte acusada. Esperamos que las instituciones revisen nuestros argumentos y los evalúen para tener un proceso justo. Creemos que nuestros argumentos son lo suficientemente sólidos como para que se acepte nuestra reclamación y se haga valer nuestro derecho a un procedimiento justo", afirmó Ugarte.
Con esto, el proceso acusatorio radicado en el Tribunal de la Libre Competencia quedará suspendido. Según entendidos en el proceso, ahora el Tribunal Constitucional analizará la viabilidad formal del caso y concederá a la Fiscalía Nacional Económica, y las demás partes demandadas, la posibilidad de presentar su defensa para finalmente emitir una decisión de fondo sobre si Brink's puede o no tener acceso al expediente.
17/01/2022
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