Desde el Ejército de Chile, al ser consultados sobre los nuevos antecedentes del caso, aseguraron que la entidad castrense "no se pronuncia sobre los procesos judiciales en curso donde no existe una resolución judicial definitiva".
Durante la jornada de este lunes 4 de abril, se conocieron nuevos antecedentes del caso de Romario Veloz, ecuatoriano que falleció en una marcha en el marco del estallido social en Chile.
El homicidio del joven fue producto de un disparo proveniente de una unidad del Ejército de Chile el pasado 20 de octubre de 2019, en el momento que se alertaba saqueos en un centro comercial en la capital de la Región de Coquimbo.
Según indica la investigación, los antisociales depusieron su actuar luego de observar la presencia de los militares, sin embargo, los funcionarios de orden decidieron disparar contra la manifestación que se estaba desatando en la zona.
Según consignó El Desconcierto, los nuevos hallazgos de las diligencias lideradas por el Ministerio Público se relacionan con el intento de tres funcionarios de la institución castrense de ocultar información relevante para esclarecer los hechos y determinar qué ocurrió realmente ese día.
El suceso se habría perpetrado luego que la Unidad Fundamental de Emergencia, comandada por el capitán del Ejército, José Faúndez Sepúlveda, haya finalizado el operativo que dejó a Veloz fallecido y a otras dos personas heridas.
En ese sentido, tras los crímenes, tres militares pertenecientes al batallón habrían ocultado información relacionada con el uso de los fusiles durante la acción. Incluso, el subteniente del Ejército, Kevin Garrido, firmó un documento que habría permitido la devolución de una de las armas al Ejército, pese a que ésta había sido ocupada en el sector del homicidio.
Asimismo, según aseguró el citado medio, la documentación fue presentada ante el Ministerio Público en una audiencia de formalización contra el personal de orden involucrado, la cual estaba pactada por el Juzgado de Garantía de la Serena para este lunes 4 de abril a las 09:15 horas.
Obstrucción a la investigación
Los antecedentes de la investigación, fueron presentados por el fiscal adjunto de la Fiscalía Local de La Serena, Germán Calquín, en medio de la solicitud de formalización por obstrucción a la investigación, la cual fue aceptada por el juez Pedro Rojas.
"Revistiendo la calidad de Jefe de Escuadra (…) habiendo participado en los incidentes ocurridos en el Mall Plaza La Serena, en el cual resultaron herido de muerte don Romario Veloz Cortés, y gravemente herido don César Véliz Cortés, ocultó a las autoridades correspondientes que dos de sus subalternos, Carlos Robledo Olguín y José Arenas Mancilla, habían percutado munición de guerra desde sus fusiles Galil calibre 5.56", señala el documento del ente persecutor sobre el cabo segundo Arturo Troncoso.
En ese sentido, es relevante consignar que dichos funcionarios permanecen actualmente en prisión preventiva en recintos militares, luego de haber sido acusados por apremios ilegítimos con resultado de muerte y apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves.
"En consecuencia con lo anterior, durante la investigación de rigor por parte del Ministerio Público, (Troncoso Soto) aseveró falsamente que se había efectuado un adecuado conteo de la munición de fogueo y de guerra que se había consumido por los integrantes de su escuadra, durante el incidente antes referido", señala el fiscal en el texto judicial.
Con relación al subteniente Kevin Garrido, los persecutores indicaron: "Firmó el recibo y devolución de un fusil SIG calibre 7.62, número de serie 61659, el cual había sido utilizado en el incidente antes referido, por un soldado por ahora no identificado, y que había percutado una munición de guerra, según los hallazgos en el sitio del suceso por parte de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI)".
Finalmente, el último imputado es el cabo segundo del Ejército Sebastián de Jesus Área Gott, quien también era jefe de la escuadra: "Ocultó a las autoridades correspondientes haber percutado munición de guerra, desde su fusil SIG calibre 7.62, número de serie 61666″. Además, posteriormente declaró falsamente a la Fiscalía que 'no había efectuado tiros de guerra'", sentencia el documento.
Desde el Ejército de Chile, al ser consultados por el medio anteriormente citado, aseguraron que la entidad castrense "no se pronuncia sobre los procesos judiciales en curso, como es el caso mencionado y donde no existe una resolución judicial definitiva".
No obstante, aseguraron que con respecto a los procesos internos, "la institución a través de la II División Motorizada, lleva a cabo una investigación sumaria administrativa".
"Finalmente, y junto con manifestar el apego al principio de presunción de inocencia, el Ejército reitera y reafirma su política oficial de plena cooperación con toda investigación que lleven adelante los tribunales de justicia en caso de ser requerido", sentencian.
05/04/2022
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