20/01/2022
11:53
A través de un comunicado, el director de la entidad, Sergio Micco, lamentó las dos muertes conocidas esta semana, aunque sostuvo que esto refleja que "el Estado de Chile está incumpliendo gravemente su deber de garantizar derechos tan fundamentales".
Continúan las repercusiones luego de las declaraciones del jefe de Defensa Nacional de La Araucanía, general Luis Cuellar, quien “invitó” a un enfrentamiento a quienes realizan hechos de violencia en la macrozona sur que provocaron dos muertos y un herido en los últimos dos días.
“Aquí hay gente cobarde que mata civiles desarmados. ¿Por qué no se enfrentan con nosotros?”, dijo el militar este miércoles y que también advirtió que “si a nosotros nos disparan, la respuesta no es la que han tenido otras instituciones”.
Como respuesta a esto, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, se refirió a las palabras de Cuellar y también a lo sucedido en la región.
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A través de un comunicado, Micco sostuvo en primera instancia que “debemos conocer, lamentar y condenar la muerte violenta de dos chilenos, Andrés Millanao y Joel Ovalle. Desde su informe sobre violencia rural de 2016, el INDH ha sostenido que el Estado de Chile está incumpliendo gravemente su deber de garantizar derechos tan fundamentales como el derecho a la vida”.
En cuanto a lo emitido por el general, se indicó que “nos preocupan enormemente. Éste no es el lenguaje que se espera de un militar chileno. No ayuda en nada a hacer respetar el Estado de Derecho, al que se le presenta como el ejercicio de una fuerza militar beligerante”.
“Además, confirma que ni el Ejército en la Araucanía, ni la Armada en Biobío, están llamados a cumplir funciones policiales, como el propio general lo declara. Carecen de equipamiento, medios pertinentes o capacitación adecuada”, añade el enunciado.
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Finalmente, Micco llamó al Ministerio Público a esclarecer prontamente los hechos y también se anunció que desde la próxima semana se constituirá una oficina en terreno en la provincia de Malleco, la que tendrá como objetivo “observar si se cumple el derecho y la ley al momento de garantizar el pleno respeto de los derechos humanos”.
