Fue el año 2015 cuando se conocieron supuestos financiamientos irregulares a campañas políticas por parte de empresas como Penta, Corpesca y Soquimich.
En un reportaje exclusivo de CHV Noticias, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, reconoció que sostuvo reuniones, en despachos, oficinas y casas particulares, con parlamentarios investigados por el Ministerio Público, entre los que están Jorge Pizarro (DC) y el actual ministro de Justicia, Hernán Larraín (UDI).
Al momento de comenzar las diligencias, el Servicio de Impuestos Internos (SII) era el encargado de presentar las respectivas querellas, con el fin de que la investigación avanzara.
El subdirector jurídico del organismo en ese entonces era Cristian Vargas, quien relató que en una ocasión “una alta autoridad del Gobierno me llamó por teléfono y me dijo que el problema es que prácticamente el 80% de los parlamentarios estarían involucrados en situaciones como las que se investigaban”.
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Además, confesó que en 2015, y en medio de las diligencias, fue citado “a una reunión en el Ministerio de Hacienda, por la jefa de Gabinete del ministro de Hacienda y un representante del ministro del Interior, así fue presentado. Él pretendió en esa reunión reprenderme, reprendernos, por las acciones que habíamos presentado”.
En el reportaje se detalla que esta persona es Samuel Donoso, representante del entonces ministro Rodrigo Peñailillo y abogado al mismo tiempo del gerente de SQM, Patricio Contesse.
“(Donoso) ya era probablemente abogado de la empresa SQM y se presentó ante el Servicio de Impuestos Internos en los salones del Ministerio de Hacienda, también como representante del ministro del Interior”, agregó el ex subdirector jurídico del SII.
Consultado sobre si el Gobierno, presidido entonces por Michelle Bachelet, y la empresa SQM estaban actuando en conjunto, Vargas respondió “probablemente”.
Posteriormente, Cristian Vargas fue sacado del cargo al igual que entonces director del SII, Michel Jorrat. Éste último fue reemplazado por Fernando Barraza, quien todavía se mantiene en el puesto.
En este contexto, el ex fiscal a cargo de la investigación, Carlos Gajardo, recalcó que desde que Barraza es director del SII, no hubo ninguna querella en contra de empresas.
Es más, Vargas aseguró que lo ocurrido “fue una intervención política y gubernamental del SII directa, para la implementación de una estrategia de impunidad en esos casos de ilícitos tributarios, porque esos casos involucraban a personas de todo el arco de la clase política chilena y también a autoridades de Gobierno”.
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“(El caso) mostró que el Estado y las autoridades, gran parte de ellas, formaban una red de intereses, relaciones económicas mezclados con intereses políticos y, en definitiva, lo que mostró es que a partir del poder que pueden ejercer, pueden lograr impunidad y no sanción de situaciones ilícitas”, añadió.
Finalmente, el ex subdirector jurídico del SII recordó que durante la investigación, el gerente de SQM, Patricio Contesse, “señaló que habían, por lo menos, otras 45 empresas involucradas en estas situaciones de otorgar dinero o donaciones en cubiertas con supuestas asesorías falsas a políticos. Eso no se pudo investigar”.
27/08/2021
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