La Contraloría General de la República inició una investigación contra el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, por presunto conflicto de interés.
Esto, luego que su hermano se adjudicara un millonario contrato durante la construcción del polideportivo San Gregorio, ubicado en la comuna de La Granja.
El proyecto fue otorgado a la sociedad constituida por la empresa Constructora Lima y Matías Guevara Stephens, por un monto que asciende a los $6.770 millones.
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Sin embargo, la compañía dejó abandonada la obra en la etapa uno del complejo, cuando la construcción tenía solo un 52% de avance.
La solicitud de investigación fue hecha por el gobernador metropolitano Claudio Orrego, quien afirmó que "el sueño de décadas de esos pobladores se ve absolutamente truncado por una persona y una empresa irresponsable que dejan abandonada una obra cuando llevaba el 52% de avance, sin dar explicaciones. Eso me parece lo más grave y vamos a ocupar todas las herramientas legales para perseguirlos civil y penalmente".
Asimismo, se indaga a la firma del contrato, ya que aunque fue concretado entre el municipio y el gobierno regional Metropolitano cuando Guevara era intendente, este último no hizo ninguna observación, pese a que su hermano era una de las partes.
Por su parte, el alcalde de La Granja, Felipe Delpín, aseguró que "él tiene que asumir que él firmó, que él aprobó. esto no es una toma de conocimiento. Esto está escrito en el convenio. No se puede alegar desconocimiento. Esto es efectivamente conflicto de interés".
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"Estoy a disposición de la Contraloría"
El delegado Guevara respondió a las acusaciones a través de un comunicado, donde aseguró que "no existe responsabilidad de mi persona en los lamentables hechos".
"Desde ya estoy a disposición de la Contraloría, como lo he hecho siempre para poder aportar los antecedentes que desvirtúan dichas acusaciones", agregó.
"Ante la interpretación en la que se pretende vincularme con este proceso de licitación, la Contraloría General de la República, a través de su División Jurídica, emitió su pronunciamiento en el oficio N°10416 del 30 de junio del 2020, donde expresamente declara que la situación se encuentra resuelta a la eventual inhabilidad que podría haberme afectado en esa licitación. Por otra parte y en forma paralela a la consulta a la Contraloría, la Intendencia Metropolitana pidió a la Municipalidad de La Granja la revocación e invalidación de dicha licitación, situación que no ocurrió", dejó en claro.
01/10/2021
16:04
