La noche del pasado martes 19 de abril, el pleno de la Convención Constitucional votó el segundo informe de la Comisión de Derechos Fundamentales, aprobando siete de los 12 incisos del artículo 14 que consagra el derecho a la salud.
Uno de los incisos aprobados indica que "toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental". Asimismo, se asegura que el Estado "deberá proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de la salud, considerando en todas sus decisiones el impacto de las determinantes sociales y ambientales sobre la salud de la población".
En ese contexto, es que también se consagra que el Sistema Nacional de Salud "será de carácter universal, público e integrado. Se regirá por los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación".
"El Sistema Nacional de Salud incorporará acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, habilitación, rehabilitación e inclusión. La atención primaria constituirá la base de este sistema y se promoverá la participación de las comunidades en las políticas de salud y las condiciones para su ejercicio efectivo", señala otro de los incisos que vieron luz verde para el borrador de la nueva carta fundamental para Chile.
En esa misma línea, se indica que corresponderá exclusivamente al Estado "la función de rectoría del sistema de salud, incluyendo la regulación, supervisión y fiscalización de las instituciones públicas y privadas".
"El Sistema Nacional de Salud será financiado a través de las rentas generales de la nación. Adicionalmente, la ley podrá establecer el cobro obligatorio de cotizaciones a empleadoras, empleadores, trabajadoras y trabajadores con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema. La ley determinará el órgano público encargado de la administración del conjunto de los fondos de este sistema", manifiesta la última normativa aprobada.
No obstante, las dudas comenzaron a generarse en la opinión pública y en las autoridades con relación a las Isapres, las Instituciones de Salud Previsional, que son un sistema privado de seguros de salud, y que actualmente está conformado por nueve aseguradoras (seis abiertas y tres cerradas).
Con relación a lo anterior, el inciso que permite la presencia de seguros privados voluntarios, "que no pueden sustituir o duplicar el rol de Estado", volvió a la comisión de origen para ser nuevamente revisado.
Asimismo, también será analizado el párrafo rechazo que indica que "los prestadores privados integrados al Sistema Nacional de Salud no podrán perseguir fines de lucro. La ley establecerá los requisitos y procedimientos para su integración y funcionamiento".
Desde la Asociación de Isapres aseguran que lo aprobado "precariza más la salud"
En ese contexto, y tras la histórica jornada de votación, la Asociación de Isapres manifestó su molestia mediante una declaración pública. "La propuesta de la Convención Constitucional termina con un derecho que hoy tiene la población y obliga a todos los cotizantes a destinar su 7% a un único sistema estatal, sin posibilidad de elegir cuándo, dónde ni con quién atenderse", se indica en el documento según recoge el medio La Tercera.
En esa misma línea, según sus argumentos, se estaría obligando a los más de 3 millones de afiliados y afiliadas a pasar al sistema público, a pesar de "los conocidos problemas que éste (sistema público) tiene para responder a su carga actual, y que derivan en listas de espera que hoy mantienen a más de dos millones de personas aguardando consultas y cirugías”.
"Consideramos que se ha tomado una definición riesgosa para las personas, que implica una transformación profunda del sistema, sin claridad de cómo será el proceso, la transición, los plazos ni de dónde se obtendrán los recursos necesarios. Pero lo más importante: sin ningún elemento que incorpore mejoras al sistema público, y sin certeza de qué pasará con los tratamientos de los miles de pacientes que hoy se atienden en el sector privado", precisaron desde la entidad.
"Reiteramos, como lo hicimos ver a los convencionales, que las normas que están impulsando no apuntan a mejorar el sistema, sino que se precariza más la salud. Ello, pues se centran en imponer restricciones a la cooperación público-privada, en lugar de garantizar que se cumplan las expectativas de las personas que requieren una salud digna, mediante mejoras en el acceso y la calidad de las atenciones de salud", añadieron desde la agrupación.
Finalmente, expresaron que hay que ser precisos con la información, ya que según el organismo, se tendrán que asumir los costos económicos, sociales y sanitarios de dejar a tres millones de pacientes "a la deriva".
"Manifestamos nuestra solidaridad con los afiliados, pacientes, y beneficiarios del sistema privado y con los millones de usuarios del Fonasa. Entendemos sus preocupaciones ante este verdadero salto al vacío que ha definido la Convención Constitucional", sentencian.
21/04/2022
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